viernes, 25 de septiembre de 2015

EL "SOCIALISTA" FELIPE GONZÁLEZ : "PINOCHET RESPETABA MÁS LOS DDHH QUE MADURO"



FELIPE GONZALEZ: CANALLA!!!


Pinochet, el buen genocida


Salvador Allende se estará revolviendo de dolor en su tumba allá donde esté. Las declaraciones de  Felipe González asegurando que Pinochet respetaba más los derechos humanos durante su dictadura que un presidente democráticamente elegido como Nicolás Maduro, supone una grave traición. Ofensa y traición a las víctimas, ofensa y traición al socialismo chileno y al español, que tuvo siempre a Allende como un icono; la más grave de las muchas ofensas y traiciones a la izquierda latinoamericana que ya lleva acumuladas González.


No hace falta ser chavista para repudiar esas declaraciones, como no hace falta ser independentista para repudiar su comparación del proceso soberanista con el fascismo. ¿Seguirá defendiendo Pedro Sánchez públicamente a su compañero de partido tras estas declaraciones  como hizo cuando este realizó su provocadora visita a Caracas?

Sus palabras no las dijo en caliente en una reunión entre amigos, las escribió en una tribuna de prensa a toda página en un caso y las pronunció en una rueda de prensa en el otro, participando así cada vez más más agresivamente  en la campaña golpista a medida que se acercan las elecciones generales venezolanas.

Las declaraciones de González son una clara traición a lo que representó Allende, el primer presidente socialista en todo el continente americano en ser elegido democráticamente, un presidente que se atrevió a enfrentar no solo a la más rancia oligarquía chilena sino al propio imperio estadounidense en plena Guerra Fría.

Ni Maduro es Allende, ni Obama es Nixon, ni el contexto mundial es el mismo obviamente.

Sin embargo, sí se pueden encontrar varias similitudes entre los protagonistas que prepararon el  golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, y que siguen preparándolo contra Nicolás Maduro, y la gran trama civil que preparó durante tiempo el derrocamiento de Allende.
En ambos casos coinciden el sector oligárquico más agresivo y la gran patronal, afectados por un cambio en las reglas de juego que les beneficiaron durante décadas, y los poderosos medios de comunicación que los representan y de los cuales buena parte de las veces son propietarios.

Los métodos, similares, resistir duramente los cambios que afectan sus intereses, provocar el desabastecimiento y con ello el malestar social; especular con las divisas que obtienen del Estado a un cambio preferencial para importar; estimular el mercado negro, provocar el caos, la sensación de desgobierno, todo ello convenientemente alimentado por los medios.

Nada que no se conozca en América Latina. Aún sin la implantación de dictaduras militares el método se sigue aplicando, provocó la caída de dos gobiernos progresistas en los últimos años, de Zelaya en Honduras en 2009, y de Lugo en Paraguay en 2012.

Allende cayó víctima de uno de los primeros golpes militares de toda una serie que ensangrentó por años y años toda América Latina, con cientos de miles de víctimas y cuyas heridas aún están lejos de cicatrizar.

Las ofensivas y delirantes palabras de González coincidieron nada menos que con el 42º aniversario del sangriento golpe de Estado de Pinochet, de aquel 11-S de 1973 en el que Allende murió con un fusil de asalto en mano combatiendo junto a un puñado de sus hombres en la sede presidencial, la Casa de la Moneda, hasta que esta fue devastada e incendiada por los bombardeos de  los golpistas.

Cómo podría haber imaginado Salvador Allende que aquel joven líder socialista español cuatro décadas después diera semejante golpe a la Memoria Histórica, retorciera los hechos de tal forma que terminara presentando al mayor genocida en la historia de Chile como un hombre respetuoso de los derechos de sus prisioneros.

Pero claro, Allende no pudo conocer que ya antes aquel joven líder socialista llegaría al poder, que encabezaría uno de los gobiernos más corruptos en democracia, compitiendo con el encabezado luego por Mariano Rajoy, y tampoco llegó a saber que fue durante la presidencia de González  cuando se produjeron los casos más graves de terrorismo de Estado desde el fin de la dictadura franquista.

El caso que mencionó González en su rueda de prensa se produjo a fines de agosto de 1977, llegó a Chile tras visitar Colombia; tenía 36 años, era líder del PSOE, en la oposición -Adolfo Suárez ocupaba La Moncloa- y se hacía querer en el exterior, muy especialmente en América Latina, inversión política que le daría grandes frutos posteriormente… y hasta el día de hoy.

Su solicitud para visitar en la cárcel de Capuchinos al senador socialista Erich Snake y a Carlos Lazo, un alto directivo del banco del Estado, fue debatida intensamente en el Gabinete de Pinochet. Habían pasado ya los primeros cuatro años más cruentos de la dictadura; ya habían sido asesinadas 3.200 personas, sindicalistas, activistas barriales y estudiantiles, militantes de todas las formaciones de izquierda, periodistas, artistas e intelectuales comprometidos, abogados laboralistas; decenas de miles habían sido encarcelados y torturados y cientos de miles habían emprendido el camino del exilio.

Reinaba ya la paz de los cementerios. La dictadura quería mejorar su imagen, como luego haría Videla, el genocida argentino, albergando el Mundial de Fútbol de 1978, dos años después del golpe de Estado, y Pinochet intentaba romper su aislamiento internacional.

A Felipe González no solo se lo dejó ver a los presos, sino que fue recibido, junto con los tres periodistas españoles que lo acompañaban, a bombo y platillo por el régimen. La prensa oficialista registró abundantemente los encuentros de González con la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, con el presidente del Tribunal Supremo y otros altos cargos de la dictadura, mientras la embajada española respaldaba todas sus gestiones.

El líder del PSOE se sintió satisfecho y lo supo vender. El régimen de Pinochet también.

Los medios de comunicación sumisos a la dictadura mostraron con ello machaconamente durante días las relaciones cordiales del régimen nada menos que con un líder socialista europeo de moda. La Transición española era el modelo a seguir, un ejemplo de cómo hacer borrón con los crímenes del franquismo y cuenta nueva. La dictadura permitió lo que nunca antes permitía, que familiares de prisioneros y de desaparecidos hablaran personalmente con el visitante.

Desesperados tras ver siempre cerradas las puertas de las cárceles y tribunales en sus narices, esos familiares pedían a González que abogados europeos se interesaran por los prisioneros, como forma de presión y para garantizar sus vidas.

Pinochet habrá saltado de alegría cuando leyó en la prensa las declaraciones de González tras visitar a los dos presos: “He de confesar que se encuentran en unas condiciones mucho más favorables de las que estaban los presos políticos en España”.

También se habrá alegrado de ver que el periodista enviado por El País a cubrir la visita de González escribía en su crónica: “A niveles estrictamente políticos la situación en Chile no parece tan dura como desde el exterior puede imaginarse”.

El exilio chileno en España no podía creer lo que estaba leyendo, flaco favor para quienes luchaban con tanta dificultad para sensibilizar a la sociedad en el Estado español sobre los crímenes que estaban ocurriendo en su país.

El líder socialista se fue y los genocidas chilenos retomaron su labor represiva cotidiana, cada vez más ambiciosa.

Desde dos años antes la represión, los atentados, secuestros, torturas y asesinatos ya no se limitaban al territorio chileno. En noviembre de 1975 se había puesto en marcha en Santiago de Chile la Operación Cóndor. Por iniciativa de Pinochet se reunieron en aquella fecha en la capital chilena los jefes de Inteligencia de las dictaduras chilena, boliviana, brasileña, uruguaya y paraguaya, más el titular de Inteligencia de Argentina, en carácter de “observador”. Era este un gobierno formalmente democrático pero que ya había asesinado a 1.000 opositores con su paramilitar Triple A. La presidenta, María Isabel Martínez de Perón, Isabelita, se resistió a ser extraditada a Argentina, y vive aún hoy plácidamente en Barcelona. Argentina entraría de lleno en el operativo tras la llegada de la dictadura de Videla, en 1976, y rápidamente comenzaron los secuestros de chilenos y uruguayos huidos de sus respectivos países.

La hija del escritor y poeta argentino Juan Gelman y su esposo fueron secuestrados en Argentina y como parte de esa coordinación represiva fueron trasladados a Uruguay donde fueron asesinados.

La Operación Cóndor fue una coordinadora del terrorismo de Estado del Cono Sur, por la cual cada dictador se ocupaba de perseguir, secuestrar y asesinar a los huidos de las dictaduras vecinas. Se convirtió en un infierno, no había escapatoria. Sus crímenes no se limitaron a los territorios de los países involucrados sino que se expandieron por todo el mundo.

El que fuera ministro de Exteriores de Allende, Orlando Letelier, fue asesinado en Washington el 21 de septiembre de 1976 junto a su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, mediante un coche bomba. Washington amonestó a Pinochet por colocarlo en situación tan embarazosa.

Ese mismo año era secuestrada en Bolivia y trasladada a Argentina Graciela Rutilo Artes, con su pequeña hija Carla. Graciela fue asesinada y su madre, Matilde Artes Companys, Sacha, exiliada en España, pudo recuperar después de muchos años y traer a Madrid a su nieta Carla.

El ex presidente de Bolivia Juan José Torres fue asesinado también en Argentina, donde se encontraba exiliado. En Roma fueron tiroteados en 1975 y heridos gravemente aunque salvaron sus vidas el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno.
Pinochet y su mano derecha, el genocida Manuel Contreras -recientemente fallecido- se reunieron en Madrid cuando asistieron a los funerales de Franco con alguno de los autores de ese atentado, el fascista italiano Stéfano della Chiae.

En las embajadas de las distintas dictaduras los agregados militares se ocupaban de coordinar las tareas de Inteligencia y de facilitar infraestructura a comandos que viajaban expresamente para cometer sus crímenes.

España no estuvo ajena a esas acciones, varios represores de la Armada fueron identificados y escrachados públicamente en aquellos años, y una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Noemí Esther Gianetti de Molfini, fue secuestrada en Lima el 14 de junio de 1980 y trasladada a España con engaños.

Le aseguraron que sólo la dejarían libre si viajaba al extranjero. Noemí no tenía opciones, le prepararon documentación falsa y viajaron con ella, en un avión regular.

Era una trampa, un macabro plan. Noemí apareció asesinada en un apartamento en la calle Tutor 37 de Madrid. La dictadura argentina dio publicidad al caso para difundir la versión de que no la había secuestrado, sino que vivía tranquilamente en Europa y que había sido asesinada por otros exiliados “por diferencias internas” para intentar desmontar la campaña de denuncias por los desaparecidos.

La Operación Cóndor contrató servicios de periodistas y agencias especializadas para contrarrestar las denuncias que se hacían sobre las dictaduras del Cono Sur y mejorar su imagen.

Fue Pinochet quien propuso que el operativo se llamara Cóndor, como honor a esa enorme ave carroñera de la cordillera de los Andes que aparece en el escudo de Chile.

Mientras la dictadura chilena recibía cordialmente a González y sacaba buen partido de su visita, miles de chilenos permanecían presos en cárceles y campos de concentración, y los exiliados chilenos y de todas las dictaduras del Cono Sur intentaban protegerse de las garras de ese cóndor que seguía persiguiéndolos… que seguía persiguiéndonos, allí donde fuéramos.

Roberto Montoya
Periodista y escritor, coautor del libro ‘El caso Pinochet y la impunidad en América Latina’.






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N e s t o r 
rana 059
Västerås, Suecia

Diputada Nacional del Frente para la Victoria de Argentina e integrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Ana Carolina Gaillard:

Ana Carolina Gaillard


"A LEOPOLDO LÓPEZ HAY QUE TRATARLO COMO A UN DELINCUENTE"

Prensa AN 

21 de septiembre de 2015.- Para la diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Ana Carolina Gaillard, quien es integrante de la Delegación Argentina, es inaceptable que grupos mediáticos intenten hacer ver a la opinión pública que Venezuela viola los derechos humanos por el caso del derechista Leopoldo López.
La parlamentaria consideró durante una reunión que sostuvo la Bancada Progresista del Parlasur, celebrada este domingo en Montevideo, Uruguay, que López debe ser tratado como un asesino y traidor a la patria, tras el asesinato de 43 venezolanos, víctimas de las guarimbas convocadas en el 2014 por la ultraderecha.
"Debemos salir a la ofensiva con esto, en cada foro que desarrollemos debemos contar esta historia que es tergiversada en los diferentes medios de comunicación. Debemos contarle al mundo que López estuvo en el levantamiento y golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela", refirió.
Aseguró que todo se trata de una campaña de difamación internacional no solo contra Venezuela, sino también contra Argentina, Brasil y demás estados de la región, que va acompañada de guerras sucias que afectan la economía y el desarrollo social de los pueblos.
Indicó que Leopoldo López no debe ser tratado como un líder político encarcelado sino como un delincuente. "Leopoldo López es un delincuente, Antonio Ledezma es un delincuente y María Machado también, allí están las pruebas y se llevó a cabo el proceso jurídico-penal correspondiente", aseveró.
Recordó que Estados Unidos encarceló a los cinco héroes cubanos por más de 5 años, sin ninguna prueba que los inculpara de algo. Inventaron pruebas y los obligaron a que asumieran culpas que no les correspondían. De ese caso nadie se acordó y nadie dijo que a esos ciudadanos se les violaron sus derechos humanos.
Durante la reunión, estuvieron presentes el diputado Saúl Ortega, quien es presidente del Parlasur, así como los parlamentarios Tania Díaz, Jesús Faría, Carlos Gamarra, Esteban Argelio Pérez, Earle Herrera, Christian Zerpa, Yul Jabour, Fernando Soto Rojas y José Alfredo Ureña en representación de la delegación venezolana.

FRENTE PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO

DECLARACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA




El gobierno de Colombia acusó a Venezuela por supuesta violación de los derechos humanos de algo más de un millar de sus ciudadanos que habitaban el estado de Táchira, en la franja fronteriza entre ambas naciones. Esta acusación se fincó en organismos internacionales y se amplificó mediante la campaña montada por los grandes medios de comunicación que responden a los intereses del imperio, transnacionales y sectores de derecha de los países, lo cual se suma a la sistemática agresión desestabilizadora contra la revolución bolivariana que comenzó desde que asumió el presidente Hugo Chávez en 1998, la que incluyó el intento de golpe de estado de 2002.

El 12 de septiembre Bogotá sumó a la tensión reinante la denuncia de violación de su espacio aéreo por aeronaves militares venezolanas, hecho que es negado por el gobierno de Venezuela.​

El primer organismo que atendió la actual situación fue la OEA, donde el pasado 1°de septiembre el pleno de representantes no aceptó la petición colombiana de convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores. En esa sesión Colombia obtuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y hubo una ausencia, por lo que la moción fue derrotada. 

El embajador de Venezuela ante el organismo, Roy Chaderton, expresó que el gobierno de su país  ”no es partidario de discutir este tema en la OEA por su lamentable historial” y sostuvo que lo más indicado sería en la UNASUR,  ya que éste ha sido el adecuado para resolver conflictos en los últimos años. La reunión se iba a llevar a cabo el  8 de septiembre, pero, lamentablemente, el gobierno de Colombia se negó a concurrir a esa instancia regional.

Hay que señalar que llaman la atención los votos de El Salvador y Uruguay en la OEA a favor de Colombia. En el caso de Uruguay recordamos que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa, desafortunadamente, comparó el tema de derechos humanos en Venezuela -por la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos con antecedentes como partícipes activos en el fracasado golpe 2002, - con lo acontecido durante la pasada dictadura en su país, algo que se cuestiona por no equiparable y de distinta naturaleza.

Bogotá resolvió presentar el conflicto como un simple problema de desplazamiento de colombianos, lo que difiere sustancialmente de la realidad de los hechos.  La repatriación de un número limitado de colombianos se debe a que  -de una u otra forma-, se vinculaban con acciones ilegales, desde diversas escalas de contrabando hasta la utilización de construcciones y viviendas como refugio y base de operaciones criminales.  Entre los edificios señalados para demolición hay refugios de secuestradores y sitios en que los ahora repatriados acumulaban alimentos y bienes a precios reducidos que luego eran vendidos en Colombia.

Lo paradójico es que la repatriación de ese limitado número de colombianos relacionados con la delincuencia- los que en otros países hubieran sido juzgados y encarcelados- contrasta con la presencia de cinco millones y medio de sus connacionales residentes en Venezuela, quienes han sido acogidos con generosidad, poseen plenos derechos políticos y gozan de todos los programas sociales bolivarianos, incluyendo educación gratuita, asistencia sanitaria,  alimentos subsidiados, así como vivienda. Se estima que un promedio de 150 mil colombianos emigran a Venezuela cada año. En ese número se contabilizan 110 mil desplazados por el conflicto bélico en Colombia, según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Por lo tanto, es evidente que el conflicto no puede enfocarse en uno de sus efectos, sino que merece una explicación más profunda basada en causas comprobables por la comunidad latinoamericana.

Debido a la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el Estado de Excepción en específicos municipios del estado Táchira y el cierre provisional de la frontera, luego que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran baleados y heridos.

Esta decisión se tomó con la finalidad de enfrentar la eventual embestida de paramilitares, lograr la desarticulación de atentados socioeconómicos, frenar el contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes, así como evitar la desestabilización de la moneda venezolana, ya que los contrabandistas aprovechan ilegalmente su cotización para la adquisición de bienes esenciales a muy bajo costo -subvencionados por el gobierno venezolano con el fin de garantizar la alimentación y el bienestar de su pueblo-. El caso del contrabando de gasolina a gran escala es un negocio ilegal de lo más rentable por sus bajísimos precios en Venezuela en relación con los de Colombia. El argumento del gobierno bolivariano para estas y otras medidas es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos de la población venezolana.

Con base en lo expuesto, ofrecemos nuestro apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, en una coyuntura que el imperio y la ultraderecha pretenden utilizar el conflicto para dividir a dos pueblos de Nuestra América, sumando desde aquí el rechazo al intento  de confundir y desplazar el foco de atención por parte del  gobierno de Colombia que procura ocultar su responsabilidad en el conflicto.

Asimismo, consideramos que la única vía de solución para evitar la confrontación entre estos países hermanos, es el diálogo que permita acceder a una solución en los términos que lo ha reiterado el presidente Maduro en Caracas este 9 de septiembre:  “….yo propongo que se trabaje desde las cancillerías,  para que el presidente  Santos y yo firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela..." Esta propuesta estuvo sobre la mesa el 12 de septiembre en la reunión en Ecuador de las dos cancilleres que declararon que seguirán tratando de llegar a acuerdos que posibiliten el encuentro de sus presidentes.

FRENTE PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO
GRUPO DE FRENTEAMPLISTAS DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA